VOCES DE COLOR
¿Qué derecho a votar? Una cándida historia de la supresión de electores en los Estados Unidos
Christina López
volume:  
volume 34
issue 1
febrero de 2013
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Arriba: largas colas en St. Petersburg, Fla. Foto: Edward Linsmier. Derecha: un intento de intimidar a electores latinos en Filadelfia. Foto: Romy Varghese / Bloomberg via Getty Images

La supresión de electores en los EEUU estuvo presente en las noticias durante las elecciones recientes. Pero la cuestión de quién tiene el derecho a votar y quién no, es una larga batalla de clases entre las élites y los trabajadores. Aquéllos que ostentan el poder siempre han ejercido su influencia por medio de la exclusión de electores y la manipulación del sistema electoral garantizando así el dominio de los partidos pro-capitalistas — a expensas de los partidos alternativos como mi propio Partido de Libertad Socialista (FSP), del cual yo fui la candidata a la vicepresidencia el año pasado.

En las primeras elecciones presidenciales de 1789, la mayoría de los estados permitió que votaran sólo los varones blancos de más de 21 años con propiedades. Sólo alrededor del seis por ciento de la población pudo votar en las elecciones que nombraron a George Washington como el presidente. Siglos más tarde, después de sucesivas campañas para extender y proteger el derecho al voto, la lucha aún continúa.

Paso a paso. El derecho a votar no está incluido en la Constitución, y la manera como éste se legisla es generalmente un asunto de cada estado. La batalla para expandir el derecho a votar comenzó con la organización por parte de veteranos de la guerra que habían luchado por la independencia contra Gran Bretaña. Sus esfuerzos hicieron posible que los hombres blancos de la clase trabajadora pudieran votar. Los hombres de color y las mujeres consiguieron ese derecho más tarde, con frecuencia a través de heroicas luchas — y la mayoría de las mujeres y los nativos americanos consiguieron el sufragio apenas en la década de 1920.

Pero a raíz de dichas victorias formales por el derecho al voto, los poderosos encontraron nuevas estrategias para suprimirlo en la práctica.

Cuando la 15ava. enmienda concedió el voto a los hombres negros después de la Guerra Civil, los trabajadores negros y los blancos pobres superaron las divisiones raciales y crearon alianzas políticas. Sin embargo, cuando esa unión amenazaba a la clase gobernante sureña, dichos gobernantes crearon las leyes de segregación Jim Crow como una táctica de “divide y vencerás” y como una forma de mantener oprimidos a los negros. Se utilizaron políticas como las pruebas de lectura y escritura y los impuestos electorales para impedir que los negros y los blancos pobres de la clase trabajadora ejercieran su derecho al voto.

Ya que las pruebas de lectura y escritura eran en inglés, a muchos inmigrantes y latinos también se les impidió votar.

Por su parte, los estados norteños también contaban con leyes electorales racistas, incluyendo un requisito de haber sido residentes durante mucho tiempo para los ciudadanos naturalizados. A nivel nacional, el Acta de Exclusión de Chinos de 1882 impedía que los inmigrantes chinos se hicieran ciudadanos y, de esa forma, que votaran; la ley no fue anulada sino hasta 1943.

El movimiento de derechos civiles por fin hizo del sufragio negro una realidad al obtener el Acta de Derechos Electorales de 1965. Durante la Guerra de Vietnam, estudiantes activistas hicieron presión a favor de disminuir la edad legal para votar, señalando con indignación que los jóvenes de 18 años podían ser obligados a cumplir con el servicio militar pero no podían votar. La edad para votar se redujo a 18 en 1971.

Maniobras de exclusión. En 2012, cuando la gente de color estaba llegando a ser el grupo mayoritario de EEUU, se obstaculizó descaradamente el voto negro y latino.

Entre otras tácticas existía la difusión de información electoral falsa y la eliminación de nombres de las listas. El Consejo Americano de Intercambio Legislativo (ALEC), financiado por millonarios, influyó en varios estados para que aprobaran leyes restrictivas de identificación de electores que hizo las cosas difíciles para muchos electores de bajos ingresos, para gente con incapacidades y para electores de color.

Florida disuadió a los electores aprobando una ley de identificación e imponiendo un límite al voto anticipado. Esto afectó particularmente a las mujeres pobres y de la clase trabajadora, muchas de ellas de color, a quienes se les robó la oportunidad de votar contra una iniciativa para restringir el uso de fondos estatales para servicios abortivos. (Fracasó de cualquier forma.)

Las nuevas leyes restrictivas permiten eliminar nombres si la dirección de la licencia de conducir no es la misma que la de los expedientes de registro electoral. También se usan los expedientes penales y demás información pública para eliminar electores cuyos nombres son iguales al de un criminal o de un finado. Algunos estados intentaron eliminar a electores registrados porque sospechaban que no eran ciudadanos.

Si los electores eliminados se presentan a votar, se les da una boleta provisional. Lo que pasó en Arizona durante las últimas elecciones tuvo un gran impacto en mí por ser activista chicana de ese estado. Más de 600,000 electores, incluyendo a muchos latinos, no fueron contados en los resultados oficiales iniciales ya que se les habían dado boletas provisionales. El xenofóbico alguacil del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, ganó su postulación — pero fue declarado ganador antes de que se contaran 400,000 boletas provisionales.

La privación del derecho a votar de los criminales es otra forma de supresión de electores, la cual afecta sobre todo a los afroamericanos debido a su desproporcionado número de sentencias en este sistema de justicia penal racista.

Herramienta para el cambio. Como respuesta a los esfuerzos por suprimir los votos “indeseables” en 2012, activistas negros, latinos y asiaticoamericanos incrementaron sus esfuerzos para que la gente acudiera a las casillas electorales, con algo de éxito. Pero la forma más grande de supresión de electores es que los trabajadores y los pobres no tienen a nadie por quien votar que represente sus intereses.

Cuando Stephen Durham y yo nos postulamos para la lista de candidatos del FSP el año pasado, fuimos testigos presenciales de la forma en que se limita a los partidos menores que no cuentan con fondos millonarios. Los demócratas se escandalizan por la supresión de votos de los republicanos, pero el voto socialista es aniquilado por los dos partidos.

Para poder ser incluido en la boleta electoral en los 50 estados, los partidos menores tendrían que recabar un total de cerca de 700,000 firmas — ¡ése es sólo uno los obstáculos! Ésa es la razón por la cual el FSP decidió crear una campaña de postulación por escrito, para que pudiéramos utilizar nuestros valiosos recursos en la campaña de bases.

Aun así, tuvimos que librar tremendos obstáculos, incluyendo el asedio a los electores de Durham-López justo en las casillas electorales por parte de funcionarios electorales en por lo menos dos estados, Nueva Jersey e Illinois. Además, con los escándalos acerca del rechazo de las boletas enviadas por correo que han surgido en estados como Florida, ¡quién sabe cuántos votos por correo de Durham-López fueron rechazados!

Es urgente la reforma electoral, recursos como las campañas financiadas públicamente, la inclusión de residentes que no son ciudadanos y de criminales, el acceso justo a la boleta de los partidos menores y la eliminación de las leyes de identificación de electores.

Sin embargo, la verdad es que no podremos lograr la justicia electoral bajo el capitalismo. (Aunque podríamos lograr algunas mejoras con un movimiento militante de masas.) ¡Pero vale la pena luchar! Las elecciones y la lucha por los derechos electorales son herramientas que podemos utilizar para fomentar los ímpetus para realizar el cambio revolucionario — el cual por fin nos pueda proporcionar una democracia real para la clase trabajadora multirracial.

Ponte en contacto con Christina López en cglopez@mindspring.com .

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