La constitución de la República Dominicana
Cambios amenazan a mujeres, inmigrantes y trabajadores
Megan Cornish
volume:  
volume 30
issue 4
agosto de 2009
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6 de mayo: la Gran Marcha Nacional emite un mensaje para el Congreso defendiendo la vida de las mujeres y protestando contra el Artículo 30 de la constitución modificada. Photo: Lorena Espinoza Peña

La República Dominicana comparte con Haití la isla de la Hispaniola, lugar donde Cristóbal Colón y sus conquistadores criminales aterrizaron por primera vez en 1492. Desde ese entonces, el país ha sido gobernado por una élite rica que sirve a los intereses imperiales, actualmente, los de EEUU.

Existe una desigualdad salarial tan extrema que la mitad más pobre de la población recibe una quinta parte del Producto Nacional Bruto (PNB), mientras que el 10 por ciento más rico recibe casi el 40 por ciento del PNB.

Sin embargo, durante la depresión mundial, es evidente que el grado de saqueo no es suficiente. El gobierno, de acuerdo con la Iglesia Católica Romana, se encuentra a la ofensiva, lanzando una revisión draconiana de la constitución nacional. Si se efectúan, dichos cambios empobrecerán aún más a los miembros de las clases bajas y mermarán los derechos de las mujeres, las minorías sexuales, los inmigrantes y el movimiento laboral.

Como respuesta a esta embestida, las mujeres están saliendo a las calles a protestar, y cuentan con el apoyo de la Liga Socialista de los Trabajadores (LST), organización trotskista que reconoce la importancia de defender a los trabajadores más vulnerables.

La LST también hace un llamado a favor de fortalecer la oposición por medio de la unión de todos aquéllos que son afectados.

Ataques a los más oprimidos. Las revisiones de la constitución son una combinación de ataques políticos, asaltos económicos y tácticas de “divide y vencerás” diseñadas para mermar la solidaridad de la clase trabajadora. El efecto real de dichas medidas es facilitar que los dirigentes impongan medidas de austeridad más severas a los trabajadores, los cuales sufren ya de por sí debido a una tasa de desempleo de más del 15 por ciento y de una pronunciada inflación.

Las revisiones incluyen la penalización del aborto en todas las circunstancias, aún en caso de violaciones o para salvaguardar la vida o la salud de la madre; el limitar la definición de la familia sólo a aquéllas dirigidas por un padre y una madre heterosexuales casados por la Iglesia católica; el negar la ciudadanía a los niños nacidos en el país que sean hijos de inmigrantes (sobre todo de haitianos); y la penalización de cualquier huelga o acto laboral que disminuya la producción.

La prohibición general del aborto afecta la autonomía y el poder político de las mujeres, e intenta forzarlas a regresar al hogar tradicional. Las mujeres también son afectadas doblemente por la limitación en la definición de familia. Ambas revisiones fueron respaldadas por la Iglesia católica.

El reaccionario artículo sobre la familia afecta profundamente a las familias lésbicas, gays, bisexuales y transgéneros (LGBT); a las madres de casa, que representan el 45 por ciento del total; y a las familias extendidas, muchas de las cuales son dirigidas por los abuelos. Esas familias “no tradicionales” son la norma en parte porque dos millones de dominicanos — una quinta parte de la población — han emigrado por necesidades económicas.

Las consecuencias de dicho cambio para la supervivencia serán severas. ¡La redefinición de la familia excluirá a la mayoría de la población de los servicios sociales!

Y también existen los “ahorros” que los ricos quieren tener por medio del saqueo de lo poco que por ahora tienen los inmigrantes haitianos.

Los haitianos - una fuerza de trabajo sœper explotada. La misma presión económica que hace que muchos dominicanos abandonen su patria también obliga a los haitianos a cruzar la frontera para entrar en la República Dominicana. Haití es aún más pobre que su vecino. El 80 por ciento de la población es pobre, y el 54 por ciento es miserablemente pobre.

Los políticos y los medios dominicanos están haciendo chivos expiatorios y satanizando a los haitianos para justificar la negación al acceso a la ciudadanía. Desgraciadamente, esta campaña ha encontrado terreno fértil. Los haitianos están sufriendo más frecuentemente ataques, asesinatos y quema de casas. El prejuicio racial y la hostilidad nacional son las causas. Sólo el 11 por ciento de los dominicanos son negros, mientras que el 73 por ciento son de raza mixta y el 16 por ciento son blancos.

Los haitianos ya se encuentran entre los peor pagados trabajadores de la República Dominicana. Sin acceso a la ciudadanía, serán excluidos de los servicios sociales y las pensiones del gobierno, y se les excluirá de la participación política.

El movimiento laboral en su totalidad también está sufriendo ataques. Aunque la nueva constitución defiende la legalidad de las huelgas, al mismo tiempo prohíbe cualquier acto laboral que provoque una reducción en la producción. ¡Éste es, por supuesto, precisamente el objetivo de cualquier huelga o disminución del ritmo productivo!

Las mujeres toman la delantera en la lucha contestataria. El proceso de cambio constitucional es completamente antidemocrático. El Presidente, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, esperó para anunciar su plan de una revisión constitucional hasta después de su reelección en 2008. La Asamblea Revisora, la cual está integrada por las dos cámaras del Congreso y el Presidente, está considerando y aprobando los cambios. El pueblo no puede opinar.

Dos terceras partes de los artículos propuestos han sido aprobados por un voto inicial pero habrá una segunda deliberación. Los opositores están aprovechando este tiempo para organizarse contra el coloso constitucional.

En mayo, grupos de mujeres reunieron a varios miles de personas para una manifestación masiva contra el Artículo 30 que prohíbe el aborto. La protesta incluía a activistas LGBT, doctores y organizaciones médicas. Varios grupos de izquierda asistieron a la marcha aunque el LST fue el único que ayudó a organizar.

El Artículo 30 ha atraído la atención internacional, incluyendo las críticas de Amnistía Internacional y del director regional de la UNICEF. Las Mujeres Radicales Nacionales de los EEUU han enviado una declaración de solidaridad al Comité de Lucha Contra el Retroceso dirigido por mujeres.

Grupos de mujeres están dirigiendo la demanda por un voto popular para reemplazar el tiránico proceso actual.

El LST apoya el llamado al referéndum, y está colaborando con otros grupos afectados, incluyendo los sindicatos laborales, las organizaciones de inmigrantes haitianos, y la izquierda. Ha sido la única organización radical que ha hecho hincapié en la importancia del apoyo a las mujeres, a las minorías sexuales y a los haitianos. El LST enfatiza la necesidad de un frente unido de todos los grupos afectados para contrarrestar los ataques del gobierno.

La esperanza más profunda para detener a este monstruo es la oposición organizada de los trabajadores. Y el fomento de la solidaridad entre los grupos particularmente oprimidos — las mujeres, las personas LGBT y los haitianos — lograrán que progrese el movimiento laboral en su totalidad independientemente del resultado.

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