La demanda contra el sindicato de maestros de California amenaza a todo el movimiento laboral
Linda Averill
volume:  
volume 36
issue 3
junio de 2015
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Cornell White, trabajador de la industria de la comida rápida, habla a favor del salario mínimo de $15 por hora y contra la legislación de “el derecho a trabajar” en Wisconsin. Photo: Rick Wood / Journal Sentinel

Esta primavera en el estado de Washington, miles de maestros abandonaron sus puestos de trabajo para protestar contra el desfinanciamiento de la educación pública. En Wisconsin en 2011, los maestros fueron líderes de la ocupación histórica de la capital del estado, mientras protestaban contra la campaña del Gobernador para prohibir el derecho de negociación colectiva de los trabajadores públicos.

Teniendo en cuenta estas acciones y la larga historia de los profesores por defenderse no sólo a sí mismos, sino a sus estudiantes y a las escuelas públicas, no es de extrañar que sus sindicatos sean el objeto de sus ataques. Esto fue causado por una cábala de organizaciones de derecha y las grandes fundaciones respaldadas por las empresas, entre ellas la Asociación Internacional de Educadores Cristianos y el Centro para los Derechos Individuales. ¿El objetivo? Demoler sindicatos de docentes como un paso para destruir a todos los sindicatos.

El vehículo actual es una demanda que la Corte Suprema de Estados Unidos está considerando la posibilidad de tratar. La demanda Friedrichs contra la Asociación de Maestros de California, llamada así por la demandante y maestra no sindicalizada Rebecca Friedrichs, busca revertir la “tienda de agencia.” Bajo este sistema, una vez que la mayoría de los trabajadores haya votado a favor de la representación sindical, el sindicato puede cobrar las cuotas de todos los empleados cubiertos por su contrato, sean o no parte del sindicato. Dado que el sindicato está obligado a representar a todos los trabajadores, todos ellos, a su vez, están obligados a apoyarlo financieramente.

Este sistema fue respaldado por la Corte Suprema en 1977, en Abood contra la Junta de Educación de Detroit. En preparación para ese caso, los trabajadores del sector público organizaban huelgas rutinariamente para ganarse a los sindicatos — a menudo sin sanción legal. El caso Abood reconoció a los sindicatos del sector público y proporcionó un mecanismo para el pago de cuotas. Estos sindicatos pasaron a convertirse en una fuerza vital dentro del trabajo organizado, y en defensores acérrimos de los servicios públicos.

La guerra bien financiada contra el movimiento laboral. La demanda Friedrichs es parte de una estrategia para destruir a los sindicatos de los EEUU a través de las mal llamadas leyes de “derecho a trabajar”. El movimiento del trabajo las llama más acertadamente “derecho a morir de hambre.” Un patrocinador principal del movimiento es el Consejo de Intercambio Legislativo Americano (ALEC), un grupo de presión derechista financiado por las corporaciones. También promueve las leyes racistas de la identificación de votantes.

En virtud de la Ley Taft-Hartley de 1947, el Congreso dictó que los estados podrían adoptar dichas leyes. Para 1948, 12 estados, la mayoría en el sur, lo habían hecho. El impulso inicial provino de la Asociación Nacional de Fabricantes y de supremacistas blancos que esperaban impedir que el Congreso de Organizaciones Industriales (CIO) forjara la solidaridad entre los trabajadores blancos y negros del sur. Donde son oficiales estas leyes, a los trabajadores se les permite disfrutar de los beneficios sindicales, protección y representación, sin aportar ninguna cuota para financiar estos servicios.

La subcontratación, la externalización, los pactos comerciales y las leyes antisindicales han diezmado el número de los sindicatos. Con el movimiento laboral tan débil, grupos de derecha están renovando su empuje para expandir el “derecho a trabajar”.

En 2011, el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, apresuró la aoprobación de la Ley 10, negando los derechos de negociación a los trabajadores del sector público. Ese año, la membresía en todo el estado de uno de los mayores sindicatos públicos, la Federación Americana de Empleados Estatales, de Condados, y Municipales, se redujo de 62.818 a 28.745.

Este año, Walker atestó otro golpe, imponiendo el “derecho a morir de hambre” a todos los sindicatos, públicos y privados, haciendo así a Wisconsin el vigésimo quinto estado en adoptar una ley de este tipo. Esta última derrota es una experiencia aleccionadora sobre las razones por las cuales todo el movimiento de trabajadores tiene un interés tan grande en impedir que la Corte Suprema se pronuncie a favor de Friedrichs.

Hoy día, dado que la mitad de los estados prohíben las tiendas de agencia, el trabajo organizado está en su situación más precaria desde la década de 1930. De un alto 34.8 por ciento de miembros en 1954, sólo el 11.1 por ciento de los trabajadores está ahora sindicalizado. Entre ellos, los trabajadores de la educación tienen la mayor tasa de sindicalización del 35.3 por ciento. En comparación, hoy día sólo el 6.6 por ciento de todos los trabajadores del sector privado están sindicalizados.

Cuestión de vida o muerte. En los estados con “derecho a trabajar” la tasa de muertes ocupacionales es de un 34 por ciento más alta que en otros estados, según el Instituto de Investigaciones del Trabajo, Empleo y Economía de la Universidad de Michigan. El Instituto de Política Económica descubrió que los salarios de los trabajadores a tiempo completo son un promedio de $1,558 dólares al año más bajos en estos estados que en aquellos con un verdadero derecho para organizarse, incluso si se promedian los salarios de los trabajadores sindicalizados y los de los no sindicalizados. Los empleados también son menos propensos a ser cubiertos por pensiones o prestaciones de salud.

Tan grave como el intento de acabar con la voz organizada de la clase obrera es el esfuerzo por anular los sindicatos del sector público como medio para eliminar su papel en la defensa de los servicios públicos. De los trabajadores del transporte público a los maestros, los empleados públicos están en la vanguardia de la lucha contra los planes de privatización y los recortes presupuestarios a los servicios públicos de los que depende la gente pobre y trabajadora. Al hacerlos su objetivo, las empresas estadounidenses esperan eliminar uno de los mayores obstáculos para su programa de austeridad.

Hay que revivir el espíritu de lucha de los trabajadores. Mientras que el ataque principal contra los sindicatos viene desde el exterior, los dirigentes de muchos sindicatos tienen cierta responsabilidad por su actual situación desesperada. Años de dependencia de los demócratas y las relaciones de amistad con los jefes han alejado a demasiados sindicatos de su verdadera fuente de poder — la capacidad de las bases para detener la producción en la planta a través de las huelgas.

Una forma en que esto ha sucedido es a través de acuerdos de “arbitraje obligatorio”, según los cuales la capacidad de hacer huelgas se reemplaza con árbitros profesionales supuestamente neutrales que imponen las condiciones del contrato a los trabajadores sindicalizados a cambio de paz laboral. Tales convenios pueden hacer más fácil el trabajo de los funcionarios del movimiento laboral, pero conllevan un alto precio dado el menor número de logros contractuales y la menor colaboración de los miembros.

La democracia interna y la libertad de los disidentes, el alma de cualquier organización, se han visto mermadas en muchos sindicatos, ya que los líderes se desentienden de las preocupaciones y las batallas de los miembros que representan.

La urgente necesidad de movilizarse contra el caso Friedrichs y otros similares puede ser una nueva oportunidad para que las bases devuelvan a los sindicatos sus raíces radicales y para crear el tipo de organización que dio origen a su poder en primera instancia.

Los sindicalistas pueden llamar a la AFL-CIO para organizar una marcha nacional en Washington, DC, en contra de las leyes del “derecho a trabajar” y en defensa del derecho de los sindicatos a existir. Pueden poner sobre aviso a la Corte Suprema — y a los legisladores — independientemente de si la Corte se ocupa del caso Friedrichs.

Los miembros pueden exigir que los sindicatos usen el dinero que suelen dar a los demócratas para las elecciones en lugar para poner en marcha una campaña para defender los derechos sindicales, fomentar la solidaridad entre los sindicatos, y conseguir el apoyo del público. ¡Sólo las bases pueden emitir el mensaje urgente de que no hay tiempo que perder en la preparación para la batalla!

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